Hemos conseguido alcanzar un estado de Bienestar inimaginable en tiempos pretéritos, el Estado tiene la obligación de asegurar el acceso a la educación pública a todos nuestros ciudadanos, velando de forma férrea por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades, que no de competencias, pues esto último dependerá de una combinación individual de talento y esfuerzo de cada uno de nosotros. Necesitamos unas Escuelas y Universidades competitivas, sin importarnos si el operador que suministra el servicio al Estado sea público o privado. Lo importante no es la naturaleza pública o privada de la entidad proveedora del servicio educativo, siempre que este sea público y gratuito, sino que el servicio atienda a todos los alumnos de la forma más individualizada posible con el objetivo de optimizar el desarrollo de sus competencias individuales. ¿Qué padre no quiere que su hijo se desarrolle técnica, moral y profesionalmente lo máximo posible? Claro que, una vez terminado el proceso educativo, no todos podemos ser iguales ni trabajar en lo que deseamos, sino que normalmente trabajaremos en aquello en lo que demostramos que somos competentes, independientemente de la forma en la que hayamos conseguido esas competencias. Se aprueba la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado este pasado jueves, un paso más en la línea correcta, que nuevamente lo dejan ambiguo y descafeinado. La Ley comienza con un discurso grandilocuente sobre la debilidad que genera la fragmentación del mercado nacional dificultando la competitividad y reduciendo la productividad, asumiendo que una liberalización del Mercado Interior español tendría un efecto positivo sobre la economía de nuestro país. Nos emocionamos pensando que por fin nos van a dejar competir, pero nuevamente no se emocionen, es otra iniciativa descafeinada falta de un claro posicionamiento, con una evidente premeditación de pasar rápidamente de largo para que la sociedad civil no se percate de lo que está pasando. Si nos fijamos en su artículo 20.4 todas nuestras expectativas se difuminan, nuevamente dejan totalmente intervenido un pilar básico de nuestro Estado de bienestar: la Educación. Seguimos pensando que liberalizar el mercado educativo es privatizarlo, pero queridos lectores, ¿no sería deseable permitir que tanto los alumnos como los padres no tuvieran que estudiar en el lugar o distrito educativo que te imponen? Entiendo que sería maravilloso que pudiéramos elegir libremente el lugar y los docentes con los que queremos formarnos. Esta no es una idea nada nueva, ya en el año 1955, el premio Nobel Milton Friedman, anunció la idoneidad de crear un cheque escolar para permitir la libertad de elección de todos los ciudadanos respecto al centro educativo donde realizar los estudios. Poder elegir, sería un atributo clave para comenzar a incrementar el nivel de competencia de nuestros centros educativos y de nuestros docentes. El papel de los docentes y sus competencias son requisitos básicos para incrementar la competencia en un sector tan relevante como la Educación. Generemos mecanismos de incentivos y retribución a nuestros mejores docentes, de control, evaluación y seguimientos a los centros educativos que suministran los servicios y permitamos que el alumno y sus padres decidan dónde y con quién quiere formarse. Estas podrían ser algunas líneas estratégicas generales para comenzar a incrementar el nivel de competitividad de nuestro sistema Educativo.
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